En la Hoguera

Tanto va el cántaro el agua hasta que se rompe… Ayer se concretó la renuncia del secretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, quien aguantó a pie firme todos los obstáculos que le representó formar parte del gabinete, pero ante la inactividad e incapacidad del desgobernador, no le quedó más remedio que “tirar la toalla”.

Aunque en el discurso público se informó que el motivo de la renuncia del “número dos” en la estructura del gobierno amañecido era que retomaría sus actividades al frente de un influyente despacho jurídico nacional, la realidad es que el ambiente al interior del gabinete amañecido está más que tenso.

Nuestras fuentes nos comentan que en los últimos días Javier Corral está insoportable y solo le aguantan sus desplantes los fieles a su proyecto personal o quienes de plano no cuentan con otras opciones.

Lo que por agua viene, por agua se va… El Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento dictó una sentencia de tres años de prisión con beneficio de libertad condicional, en contra del exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, tras ser hallado responsable de peculado agravado por un monto de un millón 740 mil pesos.

El Tribunal le impuso además el pago de 35,500 pesos de multa por su participación en el desvío perpetrado entre el 20 y 23 de diciembre de 2015. A la sentencia se le abonará el tiempo que ya pasó en prisión y se le absolvió de la reparación del daño por el depósito que realizaron las empresas involucradas.

La defensa de Gutiérrez pidió a los jueces una sentencia mínima y que no se le impusiera inhabilitación alguna ya que su representado no era funcionario público. Así se resolvió el que Javier Corral presumía como el pez más gordo caído en su operación venganza contra el exmandatario César Duarte.

Le pone el cascabel al gato… A pesar de que deliberadamente se ha retrasado la emisión del reglamento para la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Chihuahua, ciudadanos encabezados en la capital por Óscar González, encontraron la forma legal de solicitar al IEE que inicie el proceso para la revocación de mandato al pinocho gobernador Javier Corral Jurado.

Fue por eso que recurrieron a normas jurídicas federales como medidas supletorias ante la ausencia de las reglas locales para emprender este tipo de procesos originado ante la probada incapacidad del desgobernador.

Será el próximo 20 de mayo cuando el IEE resuelva si es procedente o no la solicitud planteada, por lo que, en realidad, ese es el reto que le corresponderá enfrentar a los promotores del recurso, pues como se sabe, existe una notoria desaprobación a la gestión del panista.

El miedo no anda en burro… Una vez que se conoció la solicitud de revocación de mandato contra Javier Corral, se empezaron a mover los operadores de los diferentes grupos que se mantienen al interior de Acción Nacional para tratar de influir en la percepción que los chihuahuenses mantienen en torno al desgobernador.

A través de redes sociales, se vieron las famosas “cadenas” en las que insistían que más allá de solicitar la revocación de mandato de un gobernador “honesto” se debe exigir la inmediata intervención del gobierno federal para que se pueda concretar la extradición del innombrable exmandatario estatal.

Como era de esperarse, muy pocos cibernautas apoyaron la propuesta de los panistas y en cambio, se notó una tendencia desfavorable a los intereses de Palacio que, por cierto, dará a conocer hoy su postura oficial frente a este tema.

Tan malo el pinto como el colorado… Muy molestos están los morenistas “de a pie” al confirmarse actos de nepotismo en la conformación de los equipos de la Secretaría del Bienestar en nuestro estado, como en el caso de Fernando Duarte, delegado de la citada dependencia en Hidalgo del Parral.

Una simple consulta a la Nómina Transparente del Gobierno de la República confirmó que el funcionario incluyó en la nómina a su esposa Ishtar Ibarra, quien como “servidora de la nación” recibe un sueldo mensual de 60 mil pesos, ingresos muy por encima del promedio de 8,173.60 pesos al mes que se les otorga a 16,804 personas para que realicen los censos de los programas sociales.

Lo que más molesta a los morenistas que hicieron labor de campo durante el pasado proceso electoral, es que a ellos no se les haya tomado en cuenta para estas actividades y que los puestos se hayan repartido entre muchos “advenedizos”.

O todos coludos o todos rabones… Martín Chaparro Payán, presidente del CDE de Morena, informó que el partido investigará las acusaciones en contra del delegado regional en Parral, Fernando Duarte, por estos presuntos actos de nepotismo.

Aunque la información que al respecto proporcionó la Secretaría del Bienestar refiere que dicha persona no labora en esa dependencia, una consulta al portal de Nómina Transparente del gobierno federal confirma el sueldo señalado hacia la referida empleada federal.

Chaparro Payán declaró que la Comisión de Honestidad será la encargada de realizar esta investigación y dar una resolución en este sentido. Añadió que dichas prácticas no tienen cabida dentro de la cuarta transformación y si es necesario eliminar militantes, se hará.

Y sigue la yunta andando… Sin embargo, todo parece indicar que el caso de Ishtar Ibarra no es el único de nepotismo en nuestro estado en esta 4T, donde se ha revelado que esposas, hermanos y hasta compadres de los funcionarios aparecen cobrando en la nómina del gobierno federal con altos sueldos no solamente en Parral, sino también en Guachochi y en la misma capital estatal.

Lo que ha preocupado a algunos morenistas que siguen esperando la “oportunidad” para cobrar en la nómina federal es que el delegado de programas sociales, Juan Carlos Loera, asegura que son contrataciones en las que no hay delito que perseguir.

Cuando el río suena, agua lleva… Ayer inició el proceso de entrevistas a los 30 aspirantes a integrar el Tribunal de Justicia Administrativa que habrían obtenido la calificación más alta en el examen que les aplicó la comisión especial que para tal fin se creó, integrada por representantes de los tres poderes del estado.

Fue precisamente en el arranque de esta etapa del procedimiento cuandoe se notó el “estira y afloja” por parte de los diputados que representan a los partidos políticos que conforman el Congreso del Estado.

Y es que no es para nada despreciable el cargo que se les ofrece, pues además de que estarán en el mismo durante 15 años, percibirán un sueldo mensual estimado en 140 mil pesos, de ahí el interés que de último momento mostraron quienes se inscribieron para formar parte del organismo del Sistema Estatal Anticorrupción.